Ciudad de Panamá, abril de 2025 — En medio de su crecimiento económico, Panamá se enfrenta a una creciente crisis humanitaria. Cientos de migrantes, expulsados recientemente de Estados Unidos, han sido trasladados al país centroamericano sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo ni recibir el debido proceso legal.
Entre el 12 y el 15 de febrero, 299 personas de más de diez países fueron deportadas a Panamá. Según Human Rights Watch, muchos de ellos huían de persecuciones por motivos religiosos, étnicos o de orientación sexual. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no les ofrecieron la posibilidad de solicitar asilo, y al llegar a Panamá, se encontraron con un sistema que tampoco les brindó protección adecuada.
Inicialmente confinados en hoteles y posteriormente trasladados a campamentos en áreas remotas como el Darién, estos migrantes enfrentan condiciones precarias, con acceso limitado a atención médica, comunicación restringida y falta de información sobre su estatus migratorio.
El gobierno panameño ha otorgado permisos temporales de 30 días, prorrogables hasta 90, instando a los migrantes a buscar por sus propios medios un tercer país al cual trasladarse. Sin embargo, muchos de ellos carecen de recursos y redes de apoyo, quedando en una situación de vulnerabilidad extrema.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han expresado su preocupación por la falta de protección y asistencia a estas personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las acciones de Estados Unidos y Panamá podrían constituir violaciones a los derechos humanos, al negar el acceso al asilo y someter a los migrantes a condiciones inadecuadas.
